Las empresas del sector del transporte, la logística, el comercio exterior y el sector náutico operan en un entorno de riesgo penal específico y creciente. La complejidad operativa del sector —cadenas de subcontratación, operaciones aduaneras, tráfico internacional de mercancías, relaciones con administraciones públicas— genera una exposición a determinados tipos delictivos que, en muchos casos, la empresa no ha identificado ni gestionado de forma preventiva. En Vectoris Legal prestamos asesoramiento en derecho penal y compliance a empresas del sector, tanto en la vertiente preventiva como en la defensa ante procedimientos penales.
Contamos con la colaboración estable de despachos especialistas en derecho penal para los asuntos de mayor complejidad, lo que nos permite ofrecer al cliente la mejor defensa posible en todo momento, con un único punto de contacto.
Compliance: prevención de delitos corporativos
Desde la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por los delitos cometidos por sus administradores, directivos o empleados en el ejercicio de actividades empresariales. La única forma de exonerar o atenuar esa responsabilidad es demostrar que la empresa tenía implantado un sistema de compliance penal adecuado y eficaz antes de que se produjera el delito.
En el sector del transporte, la logística y el comercio exterior, los riesgos penales más relevantes son específicos y bien identificados: fraude aduanero, contrabando, delitos fiscales derivados de irregularidades en el comercio exterior, corrupción en las relaciones con funcionarios de aduanas o de administraciones portuarias, blanqueo de capitales a través de operaciones de transporte internacional, y delitos contra la seguridad vial con vehículos industriales. En Vectoris Legal diseñamos e implantamos programas de compliance penal adaptados a la operativa real de cada empresa:
- Análisis de riesgos penales (risk assessment): identificación de los delitos a los que está expuesta la empresa en función de su actividad, estructura y sector, con especial atención a los riesgos propios del transporte, la logística y el comercio exterior.
- Diseño e implementación del sistema de compliance: redacción del modelo de organización y gestión, protocolos de actuación, políticas internas y controles específicos para los riesgos identificados.
- Canal ético y de denuncias: implantación del canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 de protección de los informantes, gestión externa del canal y asesoramiento en la tramitación de las comunicaciones recibidas.
- Órgano de compliance: asesoramiento en la constitución y funcionamiento del órgano de vigilancia y control, ya sea interno o externo.
- Formación en compliance penal: programas de formación para órganos de administración, directivos y empleados, adaptados al sector y al perfil de cada colectivo.
- Auditorías de compliance (gap analysis): análisis del estado actual del sistema de compliance de la empresa e identificación de carencias respecto a los estándares exigidos por la jurisprudencia y la normativa vigente.
- Actualización y mantenimiento: revisión y actualización periódica del sistema para mantener su eficacia y adecuación a los cambios normativos y operativos.
Derecho penal del transporte terrestre
El transporte por carretera genera una casuística penal específica que afecta tanto a las empresas como a los conductores profesionales. Los procedimientos penales más frecuentes en el sector son:
- Delitos contra la seguridad vial con vehículos industriales: conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, exceso de velocidad con resultado de accidente, manipulación del tacógrafo.
- Falsificación de documentos de transporte: carta de porte CMR, albaranes, tacógrafos y hojas de ruta.
- Delitos de estafa y apropiación indebida en el sector del transporte: operadores que cobran el porte sin ejecutarlo, desaparición de mercancía bajo custodia, doble venta de mercancía en tránsito.
- Responsabilidad penal del empresario por accidentes laborales de conductores en los que se aprecia incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Derecho penal aduanero: fraude aduanero y contrabando
El derecho penal aduanero es una de las áreas de mayor especialización dentro del derecho penal económico. La frontera entre la infracción administrativa aduanera y el ilícito penal no siempre es clara, y las consecuencias de cruzarla son muy distintas: mientras la infracción administrativa se resuelve con una multa, el delito de contrabando regulado en la Ley Orgánica 12/1995 y el delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal pueden suponer penas de prisión de hasta seis años para administradores y directivos.
Los supuestos más frecuentes en la práctica son: infravaloración sistemática de mercancías importadas con ahorro de aranceles e IVA superior a los umbrales penales, introducción de mercancías de contrabando en la cadena logística, uso fraudulento de regímenes aduaneros especiales, clasificaciones arancelarias incorrectas con intencionalidad defraudatoria, y falsificación de certificados de origen para beneficiarse indebidamente de preferencias arancelarias.
Defendemos a empresas y directivos en todas las fases del procedimiento penal aduanero: desde las primeras actuaciones de Vigilancia Aduanera o la Guardia Civil, pasando por la instrucción ante el Tribunal de Instancia, Sección Penal, hasta el juicio oral y, en su caso, el recurso de apelación y casación. Coordinamos simultáneamente la defensa penal con la vía administrativa cuando ambos procedimientos están activos en paralelo.
Derecho penal marítimo y náutico
El sector marítimo y náutico genera una tipología penal propia que requiere un conocimiento técnico específico:
- Contaminación marina: vertidos de hidrocarburos y sustancias contaminantes tipificados en los artículos 325 y siguientes del Código Penal. Responsabilidad del armador, del capitán y de la empresa naviera.
- Delitos de contrabando en operaciones marítimas: introducción de mercancías a través de rutas marítimas, con implicación de embarcaciones, tripulaciones y operadores portuarios.
- Delitos contra la seguridad de la navegación: conducción de embarcaciones bajo los efectos del alcohol o las drogas, imprudencia grave con resultado de accidente.
- Delitos fiscales en el sector náutico: fraude en el IVA de la compraventa de embarcaciones, uso indebido del régimen de importación temporal o del RPA con intención defraudatoria, evasión del impuesto de matriculación.
- Blanqueo de capitales: el sector náutico —especialmente el mercado de superyates— es un entorno de riesgo elevado. Asesoramos en la implementación de controles de due diligence y en la defensa ante investigaciones por esta tipología delictiva.
Investigaciones internas
Cuando una empresa detecta internamente indicios de conductas irregulares —un empleado que desvía mercancías, un directivo que recibe comisiones de proveedores, irregularidades en la gestión aduanera o documentación falsificada en operaciones de transporte— la respuesta más adecuada es la apertura de una investigación interna antes de acudir a las autoridades o antes de que las autoridades lleguen.
Una investigación interna bien conducida permite a la empresa conocer la extensión real del problema, preservar pruebas con valor procesal, adoptar medidas correctoras inmediatas y, si procede, presentarse ante las autoridades en una posición proactiva que puede tener un impacto muy significativo en la calificación de la responsabilidad penal corporativa. En Vectoris Legal coordinamos investigaciones internas en empresas del sector, con total confidencialidad y con los protocolos adecuados para preservar el valor probatorio de la información obtenida.
Defensa penal de directivos y administradores
Los directivos y administradores de empresas del sector del transporte y la logística son frecuentemente objeto de investigaciones penales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones: responsabilidad por accidentes laborales, irregularidades aduaneras, delitos fiscales o societarios. La responsabilidad penal del administrador es una realidad que exige una defensa especializada desde el primer momento en que se conoce la existencia de diligencias de investigación.
Asesoramos y defendemos a directivos y administradores en todas las fases del procedimiento penal: desde la recepción de la primera citación como investigado hasta el juicio oral y los recursos posteriores, con una estrategia de defensa coordinada con los intereses de la empresa cuando ambos son coincidentes, y con independencia absoluta cuando divergen.