Defendemos empresas y directivos ante investigaciones por fraude aduanero, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública.
Las empresas del sector del transporte, la logística, el comercio exterior y el sector náutico operan en un entorno de riesgo penal específico y creciente. La complejidad operativa del sector —cadenas de subcontratación, operaciones aduaneras, tráfico internacional de mercancías, relaciones con administraciones públicas— genera una exposición a determinados tipos delictivos que, en muchos casos, la empresa no ha identificado ni gestionado de forma preventiva. En Vectoris Legal prestamos asesoramiento en derecho penal y compliance a empresas del sector, tanto en la vertiente preventiva como en la defensa ante procedimientos penales.
Contamos con la colaboración estable de despachos especialistas en derecho penal para los asuntos de mayor complejidad, lo que nos permite ofrecer al cliente la mejor defensa posible en todo momento, con un único punto de contacto.
Desde la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por los delitos cometidos por sus administradores, directivos o empleados en el ejercicio de actividades empresariales. La única forma de exonerar o atenuar esa responsabilidad es demostrar que la empresa tenía implantado un sistema de compliance penal adecuado y eficaz antes de que se produjera el delito.
En el sector del transporte, la logística y el comercio exterior, los riesgos penales más relevantes son específicos y bien identificados: fraude aduanero, contrabando, delitos fiscales derivados de irregularidades en el comercio exterior, corrupción en las relaciones con funcionarios de aduanas o de administraciones portuarias, blanqueo de capitales a través de operaciones de transporte internacional, y delitos contra la seguridad vial con vehículos industriales. En Vectoris Legal diseñamos e implantamos programas de compliance penal adaptados a la operativa real de cada empresa:
El transporte por carretera genera una casuística penal específica que afecta tanto a las empresas como a los conductores profesionales. Los procedimientos penales más frecuentes en el sector son:
El derecho penal aduanero es una de las áreas de mayor especialización dentro del derecho penal económico. La frontera entre la infracción administrativa aduanera y el ilícito penal no siempre es clara, y las consecuencias de cruzarla son muy distintas: mientras la infracción administrativa se resuelve con una multa, el delito de contrabando regulado en la Ley Orgánica 12/1995 y el delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal pueden suponer penas de prisión de hasta seis años para administradores y directivos.
Los supuestos más frecuentes en la práctica son: infravaloración sistemática de mercancías importadas con ahorro de aranceles e IVA superior a los umbrales penales, introducción de mercancías de contrabando en la cadena logística, uso fraudulento de regímenes aduaneros especiales, clasificaciones arancelarias incorrectas con intencionalidad defraudatoria, y falsificación de certificados de origen para beneficiarse indebidamente de preferencias arancelarias.
Defendemos a empresas y directivos en todas las fases del procedimiento penal aduanero: desde las primeras actuaciones de Vigilancia Aduanera o la Guardia Civil, pasando por la instrucción ante el Tribunal de Instancia, Sección Penal, hasta el juicio oral y, en su caso, el recurso de apelación y casación. Coordinamos simultáneamente la defensa penal con la vía administrativa cuando ambos procedimientos están activos en paralelo.
El sector marítimo y náutico genera una tipología penal propia que requiere un conocimiento técnico específico:
Cuando una empresa detecta internamente indicios de conductas irregulares —un empleado que desvía mercancías, un directivo que recibe comisiones de proveedores, irregularidades en la gestión aduanera o documentación falsificada en operaciones de transporte— la respuesta más adecuada es la apertura de una investigación interna antes de acudir a las autoridades o antes de que las autoridades lleguen.
Una investigación interna bien conducida permite a la empresa conocer la extensión real del problema, preservar pruebas con valor procesal, adoptar medidas correctoras inmediatas y, si procede, presentarse ante las autoridades en una posición proactiva que puede tener un impacto muy significativo en la calificación de la responsabilidad penal corporativa. En Vectoris Legal coordinamos investigaciones internas en empresas del sector, con total confidencialidad y con los protocolos adecuados para preservar el valor probatorio de la información obtenida.
Los directivos y administradores de empresas del sector del transporte y la logística son frecuentemente objeto de investigaciones penales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones: responsabilidad por accidentes laborales, irregularidades aduaneras, delitos fiscales o societarios. La responsabilidad penal del administrador es una realidad que exige una defensa especializada desde el primer momento en que se conoce la existencia de diligencias de investigación.
Asesoramos y defendemos a directivos y administradores en todas las fases del procedimiento penal: desde la recepción de la primera citación como investigado hasta el juicio oral y los recursos posteriores, con una estrategia de defensa coordinada con los intereses de la empresa cuando ambos son coincidentes, y con independencia absoluta cuando divergen.